AUTODETERMINACIÓN
(I)
Constantino Bértolo
La
obligación de decidir.
Fes
que siguin segurs els ponts del diàleg/ i mira de comprendre i
estimar/ les raons i les parles diverses dels teus fills. La
pell de brau. Salvador Espriu.
Cuando
se habla de la extinta Unión Soviética todo el mundo parece estar
de acuerdo en que uno de sus males fue la burocratización, esa
especie de virus que hasta el mismo Lenin detectó en los primeros
años de la revolución y que acabaría por carcomer el necesario
dinamismo de las masas a la hora de construir la nueva sociedad que
la revolución había puesto en marcha. La lectura predominante del
concepto de burocratismo vuelca su acento sobre su entendimiento como
acaparamiento por parte de una minoría dirigente de la gestión y
control de las decisiones políticas y administrativas que emanan del
poder del Estado. Pero también puede enunciarse como aquel conjunto
de actitudes que tienden a que las decisiones no lleguen a traspasar
su mero carácter enunciativo, es decir, la propensión a que la
ideología revolucionaria se quede en mera declaración sin que nunca
llegue a intervenir realmente en la transformación de la realidad
política, social o económica.
Diversos
són els homes i diverses les parles, i han convingut molts noms a un
sol amor. S.
Espriu
Estamos
asistiendo, y en los próximas semanas y meses esta presencia se verá
casi con toda seguridad exponencialmente incrementada, a toda una
serie de enfrentamientos concatenados entre el Gobierno Central y la
Generalitat de Cataluña a propósito de la decisión de esta última
institución de poner en marcha de manera unilateral el proceso de
separación de la nación Catalunya de la nación España. De momento
los enfrentamientos parecen estar centrados en el espacio de lo
político
-
entendido como área de lo institucional- y de lo jurídico en cuanto
territorio de la Ley y sus interpretaciones. Y aunque respecto al
impacto o preocupación en el conjunto de la ciudadanía, puede
hablarse de movimientos de oleaje con momentos de marea alta, baja o
de discreta intensidad, no deja de ser curioso y hasta sorprendente
que “la cosa” se entienda más como un problema para el gobierno
de mariano Rajoy que como un problema de Estado en el está en juego
la propia configuración y naturaleza de lo que unos optan por
denominar Estado español y otros simplemente España.
Sin
duda el término España para nombrar a la comunidad nacional bajo la
que actualmente convivimos goza de poca o nula aceptación entre
aquellas generaciones de españoles que hubimos de sufrir la
exaltación continua y falaz de la España Una, Grande y Libre. Otro
tanto nos sucede con la bandera rojigualda que a muchos nos hicieron
tragar en su momento. No deja de ser también curioso al respecto que
las fuerzas y ciudadanías que en el ayer y hoy defienden ideologías
y actitudes independentistas que utilicen el término sin ningún
reparo geográfico, político y semántico. Digo semántico porque el
uso de la contraposición entre Cataluña, País Vasco y Galicia y
España, parece asumir la existencia histórica de una nación España
que tendría entidad propia aún en el caso de que alguna, algunas o
todas esas naciones llegasen a alcanzar su independencia. Dado que
históricamente nunca ha tenido lugar un concepto o una realidad
España en la que no estuviesen integradas como elementos
constituyentes esas otras naciones, cabe preguntarse de que entidad
previa política se está buscando la separación: ¿de Castilla?o
cual sería la identidad de lo que restaría dependiente: ¿los no
independizados serían España? Parece una mera cuestión semántico
pero la semántica lo que está señalando en este caso es que la
separación o secesión en caso de producirse, originarían un
problema de identidad para los componentes de una ciudadanía “no
independizada” que difícilmente podrían seguir llamándose
españoles. Claro está que no son los independentistas los que deben
resolver ese problema de identidad pero evidentemente si parece un
problema que se debería tener en consideración y al que se debería
dar contestación.
Enllà
de contraris/ veig identitat. S.
Espriu
Bueno,
y los comunistas y las comunistas sobre esto ¿qué? Sobre el papel
la posición de nuestro partido es clara. Valga con citar lo que se
recoge en el documento número 4, Necesidad de confrontar
ruptura con reforma, apart 4.2 aprobado en Abril de 2016 durante
la primera fase del XX Congreso: “Por lo tanto, la disyuntiva se
plantea nuevamente entre reforma y ruptura, por eso es necesario
referenciar quienes en diversos
ámbitos de la vida social y política estamos en favor de un Proceso
Constituyente abierto a la ciudadanía, un proceso que plantee la
elaboración de una manera democrática y participativa, de un nuevo
marco constitucional que empezando por dar la posibilidad de elegir
entre Monarquía o República, permita consolidar derechos al
trabajo, vivienda, educación, sanidad, etc., que reconozca el
derecho
a la autodeterminación de los pueblos del Estado,
que ponga fin al sistema
patriarcal, y consolide
una democracia real, participativa y directa”.
Sobre
el papel todo claro pero en la práctica política y social, en el
día a día de la convivencia ciudadana y en la realidad política,
¿esta claridad está presente? ¿en que postura, actitud, decisión
y actividad política sobre la independencia y separación de
Calaluña, hoy cuestión palpitante y acaso mañana mismo conflicto
explosivo, se traduce esa declaración? ¿ Estamos explicando de
manera suficiente a los trabajadores y trabajadoras el pensamiento de
nuestro partido sobre el llamado derecho a decidir, sobre el derechos
a la autodeterminación y sobre cual sería nuestra intención voto
en el caso de que una votación sobre el tema llegara a realizarse?
Entiendo que desde nuestra identidad como partido comunista, como
PCE, más acá de las declaraciones que se produzcan en otros ámbitos
políticos de participación o confluencia como IU y Unidos Podemos,
nosotros, las comunistas y los comunistas, tenemos la obligación de
decidir qué respuestas debemos de dar cuando se nos pregunta sobre
estas cuestiones. Entiendo que si como comunistas reconocemos el
derechos de autodeterminación de los pueblos de España como
comunistas deberíamos votar en contra de una independencia que
perjudicaría los intereses del conjunto de esa clase trabajadora por
cuya emancipación trabaja y lucha nuestro partido. Una cuestión que
hoy abordamos en este primer acercamiento pero que necesariamente
habremos de seguir dilucidando.
AUTODETERMINACIÓN (
y II)
“Todo derecho, todo código, es
construcción social, relación social de fuerzas” Joaquín
Miras.
Decíamos,
al publicar la primera parte de estas reflexiones sobre el tema de
Cataluña y
su derecho a decidir su permanencia o salida del Estado español,
que si como comunistas debemos
reconocer el
derecho de autodeterminación de los pueblos de España, también
como
comunistas
y en defensa de los derechos de los trabajadores si el
referendum
tuviera
lugar deberíamos
defender el voto negativo a la propuesta por
cuanto
la independencia
de Cataluña
del resto del Estado español
perjudicaría notablemente
los
intereses del conjunto de esa clase trabajadora por cuya emancipación
lucha nuestro partido. Desde
entonces la cuestión ha tomado cuerpo y alarma social,
se hizo pública una versión de la llamada ley de transitoriedad
para hacer efectiva la secesión en caso de ser aprobada por mayoría
simple y el Govern ya ha fijado oficialmente la fecha del 1 de
octubre para la celebración del referendum. Así pues, lo que la
prensa sensacionalista (¿hay otra?) ha venido titulando como “el
choque de trenes” ya tiene fecha y calendario. Vendrá el verano,
llegará la celebración del 11 de setiembre y los acontecimientos
cobrarán un ritmo inusitado. Expectativas e inquietudes se han
abierto y la necesidad de abordar unas y otras debe ser asumida por
nuestro partido.
El sol ho encén
tot, però no ho consum. Joan Salvat-Papasseit.
Para empezar quizás sería bueno antes
de nada desmontar esa metáfora ferrocarrilera con que se ha venido
expresando y malinterpretando el problema pues representar con esta
imagen de “choque de trenes” el conflicto supone aceptar una
mecánica inevitable que incluye una visión catastrofista de una
realidad que estaría sometida a las rígidas circunstancias de unas
vías férreas e inflexibles. De buscar comparaciones, mejor hubiera
sido hablar del encuentro (desencuentro, más exactamente) entre una
tuneladora, made in Catalonia is not spain y una muralla con
geometrías y cimientos de la Constitución de 1978. Y hablando de
los cimientos y muros de esa Constitución parece oportuno recordar
que esa Constitución emergió de los acuerdos que las fuerzas de la
oposición antifranquistas, agrupadas en la llamada Platajunta
antifranquista, consensuaron con las fuerzas reformistas del gobierno
de Adolfo Suarez. Una oposición que acabaría postergando dos de los
puntos que hasta el momento se habían venido reivindicando: el
derecho de autodeterminación de los pueblos de España y la
necesidad de un referendum para decidir la forma de Estado. Dos
puntos fundamentales que, digamos, la correlación de fuerzas en
aquellos momentos se llevó por delante pero que siempre han estado
presentes, con mayor o menor intensidad, en la realidad política
española y que, ahora, el conflicto con Cataluña ha vuelto a poner
sobre el tapete. Dos zonas débiles de esa muralla constitucional que
la excavadora soberanista trata de perforar. Dos agujeros negros por
los que se viene desangrando el llamado régimen del 78.
els altres qui
l'avencen, tots d'adreça al mercat. J. S-P.
Al referendum convocado por las fuerzas
soberanistas presentes, con mayoría simple, en el Parlament catalán,
se le ha venido calificando de referendum inconstitucional,
unilateral, ilegítimo, ilegal y vinculante,y entre fuerzas políticas
que vienen defendiendo la unidad de la nación España hay quienes
hablan de golpe de Estado en marcha. Evidentemente inconstitucional
lo es de manera clara: desde el momento en que la Constitución del
78 no recogió el derecho de autodeterminación de los pueblos de
España, que, entre otras fuerzas, venían defendiendo tanto el PSOE
como PCE, ese derecho quedaba fuera del marco constituyente. Por las
misma razones no puede dejar de ser unilateral en cuanto que las
fuerzas constitucionalistas se niegan a la posibilidad de crear, vía
reforma, las condiciones para su constitucionalidad. Sobre la
legitimidad las argumentaciones abandonan el espacio jurídico para
centrarse, entre otras razones y argumentos, en cuestiones de orden
histórico y económico. Por un lado la historiografía pertinente,
dividida al respeto, recuerda que Catalunya nunca tuvo existencia
como nación independiente mientras que, por otro, no deja de
señalarse la continuidad de un conflicto ya presente durante el
dominio de los Austrias, acentuado después de que la nueva monarquía
de los Borbones impusiese bajo el Decreto de Nueva Planta una
configuración territorial centralizada. Un enfrentamiento histórico
que rebrotará en 1873 durante la I República para hacerse
claramente visible con ocasión de la proclamación, unilateral, de
la República catalana por parte de Francesc Macià en el año 31 y
del Estado Catalán por Companys en el 34. Por otro lado y dejando,
hasta donde es posible hacerlo, la historia al margen, las
argumentaciones de raíz económica han venido ocupando un buen
espacio en la polémica: que si el deficit, que si España nos roba.
En este aspecto considero la necesidad de recordar que la riqueza
diferencial de Catalunya respecto al resto de la población del
Estado, ya en PIB ya en renta per cápita, no deja de ser el
resultado de la extracción de plusvalías que la clase capitalista y
empresarial afincada en Cataluña ha venido ejecutando sobre todo el
conjunto de una clase trabajadora obligada a vender su fuerza de
trabajo. Desde esa realidad los comunistas defendemos y defenderemos
el trasvase de recursos económicos entre los territorios con mayor
producción de plusvalías a los de menor riqueza y rechazamos y
rechazaremos cualquier reclamación que pudiera consolidar
identidades construidas sobre desigualdades económicas de
privilegio. De ahí también nuestro rechazo a los conciertos
económicos actuales existentes respecto al País Vasco y Navarra.
Entendemos el referendum como legítimo en cuanto que el derecho de
autodeterminación es un derecho de Catalunya como nación histórica
por más que las circunstancia sociales, económicas y políticas
presentes reflejen el dominio y el interés de la clase burguesa
catalana. Es sobre su condición de nación “oprimida histórica y
políticamente” que se levanta la legitimidad del referendum y no
sobre una pretendida opresión económica. Derecho de
autodeterminación como derecho de una nación oprimida a lo largo
de una trayectoria histórica donde la correlación de fuerzas no le
ha permitido cumplir con su voluntad de nación Estado sin que queda
hablar de una supuesta ciudadanía oprimida por el resto de los
ciudadanos de España. Porque puestos a hablar de opresión económica
del pueblo catalán entonces, los y las comunistas, sin negar ese
derecho a decidir, habremos de manifestar que estamos precisamente en
contra de la secesión en cuanto que ese hecho facilitaría e
incrementaría la opresión económica que las burguesías, a uno y
otro lado del Ebro, aplican a la clase trabajadora como conjunto. Una
clase trabajadora con escaso peso en la correlación de fuerzas
dentro de la realidad actual de Cataluña lo que no deja de ser una
circunstancia que caracteriza al actual proceso político catalan.
Obvio también que desde el momento en que la autodeterminación es
anticonstitucional su ilegalidad viene dada. Pero incluso la teoría
política más burguesa acepta que ilegalidad e ilegitimidad no son
esferas coincidentes. Los comunistas entendemos el derecho de
autodeterminación como un a aspiración legítima y por tanto
consideramos que es ilegítima la actuación de aquellas fuerzas
políticas que se muestran incapaces de dar soporte legal a una
reivindicación, el derecho a decidir, reclamada por una parte
cuantitativa y cualitativamente relevante de la sociedad catalana.
Defendemos que es la sociedad española en su conjunto la que debe de
asumir políticamente la necesidad de articular las medidas políticas
y jurídicas necesarias para que las distintas naciones presentes en
nuestro estado expresen el tipo de relación que desean mantener con
entre sí en cada momento histórico, estableciendo los
correspondientes mecanismos de desconexión en el caso de que tales
procesos fueran necesarios. En ausencia de esto, la reclamación
efectiva del derecho de autodeterminación nos resulta legítimo y
las responsabilidades derivadas de su “ilegal” puesta en marcha
serán responsabilidad de aquellas fuerzas que impiden convertir lo
legítimo en legal.
Nosotros, los comunistas y las
comunistas, no debemos permanecer inactivos ante el conflicto que se
nos viene encima. Y no deberíamos limitarnos a manifestar nuestro
acuerdo sobre el derecho a decidir y nuestro desacuerdo con la
propuesta de secesión que el referendum contiene. Hubiera sido más
transparente que la pregunta a plantear permitiese distinguir entre
una y otra opción, entre el aceptar el derecho de autodeterminación
y el defender la independencia. En todo caso nuestra obligación como
comunistas es dar a conocer a los ciudadanos de toda España y muy
especialmente de Cataluña tanto nuestro aceptación de que el
referendum tenga lugar como nuestro rechazo a la secesión que en él
se planea. Es necesario actuar y acaso como primer paso nada sería
mejor y más congruente que impulsar como partido comunista, a través
de las organizaciones en las que estamos presentes, la convocatoria
en todas las Comunidades Autónomas de manifestaciones y
concentraciones reivindicando el derecho a la autodeterminación de
los pueblos de España el próximo día 11 de setiembre, el mismo día
en que el nacionalismo catalán celebra su fiesta nacional.
Publicado en Mundo Obrero Julio de 2017.
Estoy de acuerdo. Pero lo que no entiendo es lo del 11 de septiembre, pues ese día ya ha pasado.
ResponderEliminarBueno, lo he releído y está claro que el texto (o parte de él) se escribió antes del verano. Pues el 1 de octubre se nos viene encima y todo sigue igual. Una pena...
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